Entre la problemática de las etnias en el Departamento, reseñamos las prioritarias en atención:

El departamento de Chocó  ubicado en la región del Pacífico colombiano, es un territorio marcado por riquezas y diversidades étnicas, ambientales, sociales, geográficas y culturales que tendría las condiciones suficientes para vivir en prosperidad y auto sostenimiento de sus habitantes; sin embargo la realidad histórica demuestra todo lo contrario, ésta es una región empobrecida, excluida, explotada, masacrada y saqueada impunemente por diferentes actores regionales, nacionales e internacionales que han encontrado en esta subregión, el escenario ideal para aumentar el capital privado a expensas de la humillación, sufrimiento y dominación de las comunidades y etnias ancestrales.

Como resultado de esta situación, en el Chocó se ha fabricado la miseria más vergonzante del país; las comunidades tienen los registros más altos de necesidades básicas insatisfechas, tanto de Colombia como de muchas regiones del mundo, generándose un enorme contraste y desigualdad social, pues las comunidades étnicas transcurren su supervivencia y resistencia cotidiana e histórica, sin ninguna clase de efectividad, protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos.

Esta realidad se presenta a pesar del ordenamiento constitucional del Estado social, democrático y de derecho que rige en nuestro país, quien solamente a partir de la creación de la actual Constitución Política en 1991, reconoce la existencia de unas etnias como sujetos colectivos de derecho y como parte esencial de nacionalidad colombiana.

A partir de esta consideración jurídica y política, el Estado colombiano  ha adquirido unas  responsabilidades y obligaciones orientadas a brindar garantías de protección a los derechos colectivos de las minorías étnicas; sin embargo, en el caso del Chocó, la institucionalidad oficial se aleja cada vez más del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y políticas con la sociedad en general y con las etnias en particular, para convertirse en un poder público garante y protector del capital privado y del mercado internacional.

Tal contexto de por si grave, se agudiza aún más con las intenciones, actuaciones e   impactos del conflicto armado que en las dos últimas décadas ha convertido al Chocó en una zona de disputa por parte de todos los actores armados que buscan ejercer el dominio y control de sus tierras, aguas, oxígeno, plantas medicinales, sus recursos madereros, minero energéticos, sus vías fluviales y terrestres de importancia geoestratégica para las políticas económicas y megaproyectos  que se orquestan e implementan en contra de la vida, las culturas y los territorios de toda la macro región del Pacífico.

El desarrollo del conflicto armado en el Chocó, ha dado como resultado una de las crisis humanitarias más grandes, invisibilizadas y desatendidas del país; en efecto la guerra ha hecho que en los últimos quince años, alrededor de la mitad de los chocoanos y chocoanas hayan vivido y sufrido de manera directa el desplazamiento forzado y el confinamiento de sus comunidades, siendo el departamento con mayor población en condición de desplazamiento forzado en el país, en proporción con el número de sus habitantes. Pero también es vergonzoso describir que ninguna de las comunidades que han  retornado, ni las que han decidido quedarse en sus lugares de desplazamiento, han contado con la presencia efectiva e integral del Estado y del gobierno colombiano.

Dicho desplazamiento forzado, sumado a la implementación de megaproyectos viales y agroindustriales, la explotación industrial minera internacional que causa y proyecta enormes crímenes ambientales, sociales y culturales irreparables; el asesinato selectivo e indiscriminado; las masacres; la violación y utilización de niñas y mujeres cuyos cuerpos son usados como botín de guerra; la utilización de los civiles, especialmente niños, niñas y jóvenes para tareas de inteligencia y logística militar por parte de los diferentes actores armados legales e ilegales; los bloqueos alimentarios, las restricciones y prohibiciones de movilización, especialmente en las zonas tradicionales de producción y recolección de alimentos; la utilización de las viviendas y sitios comunitarios como escudos humanos para protegerse los diferentes actores armados; las amenazas a comunidades y pueblos enteros; los saqueos y daños a la biodiversidad y a los escasos bienes de la población civil; los robos al conocimiento ancestral comunitario para explotaciones industriales,  y demás estrategias y vejámenes de la guerra, se presentan en medio y en frente de un poder público que además de omitir sus obligaciones de garantes de los derechos, en muchos casos son los principales violadores de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, causando por demás una vergonzante y generalizada impunidad sobre toda clase de delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población civil.

Hay diferentes fuentes que dan cuenta de la exclusión, marginación y muerte contra las etnias en el Chocó, la misma Corte Constitucional en el año 2004 mediante la sentencia T-025 afirmó enfáticamente que en este país vivimos en medio de un estado de cosas inconstitucional, y a partir de ese año hasta la presente fecha , ha venido señalando mediante diferentes autos de seguimiento a dicha sentencia, que los cinco pueblos indígenas que milenariamente habitan el Chocó, se encuentran en grave peligro de exterminio físico y cultural, como consecuencia del abandono estatal y del desarrollo del conflicto armado en la región; que las mujeres afrocolombianas desplazadas no estaban siendo atendidas ni protegidas; que no hay una atención diferencial de atención a las comunidades negras desplazadas; que existen miles de  niños y niñas afros e indígenas por fuera del sistema educativo; que no hay políticas públicas de estabilización socioeconómica y de restablecimiento de derechos; que no hay garantías para hacer efectivos los derechos a la paz, la justicia , la reparación y no repetición de las víctimas del conflicto; que el Estado colombiano viene tomando grandes y graves decisiones que afectan los territorios y la vida de las etnias sin respetar ni proteger los territorios y el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades negras y los pueblos indígenas del país.

La biodiversidad, los territorios titulados colectivamente a comunidades indígenas y afrochocoanas, los recursos mineros, forestales y energéticos han sido feriados a empresas transnacionales y élites económicas colombianas, sin la consulta previa exigida por la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169, ratificada por Colombia en la Ley 21 de 1991. Se ha encontrado relación directa entre territorios cedidos en concesión y desplazamiento forzado de sus habitantes.

Los gobiernos regionales y locales tienen poca incidencia en la generación de planes de vida dignos para los moradores;  son las organizaciones indígenas y los Consejos Comunitarios de población afrochocoana que desde hace mucho tiempo, ante la ausencia de un estado integral, han decidido desarrollar planes de vida y de etnodesarrollo respectivamente, como alternativas de vida.

Existen organizaciones como el Consejo Comunitario del Alto Atrato, que aún no cuenta con el reconocimiento jurídico de 172.000 hectáreas de territorio, después de 10 años de haber hecho la solicitud formal al extinto INCORA, y de haber tenido el reconocimiento del mismo instituto que mediante un auto expresó que era la mejor propuesta de titulación colectiva presentada hasta el momento. Esto no ha sido posible debido a que el INGEOMINAS dio una concesión minera sobre 50.000 hectáreas dentro del área solicitada por COCOMOPOCA a la multinacional Kedhada, aún después de COCOMOPOCA presentar solicitud, violando toda la normatividad colombiana.

En síntesis, las etnias negras e indígenas colombianas y particularmente las del Pacífico, son las más pobres entre los empobrecidos del país, históricamente han sido excluidas y sus territorios han sido sistemáticamente violados y explotados, llevan la peor parte en el conflicto armado interno, se encuentran frente a un exterminio físico y cultural (según la Corte Constitucional),  no cuentan con garantías de protección estatal de sus derechos étnicoterritoriales y permanecen bajo el manto nefasto de la impunidad.

En el 2009 cuatro relatores especiales de Naciones Unidas visitaron Colombia: sobre Ejecuciones Extrajudiciales; sobre los Pueblos Indígenas; sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; y sobre la Independencia de la Justicia, por otro lado se presentó el  informe de 2009 del Comité Contra la Tortura. Todo ello muestra que la situación de derechos humanos y en especial la situación del pueblo afrocolombiano y de los pueblos indígenas, requiere particular atención. En consonancia con el mandato de las naciones unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas y las necesidades de la población afrocolombiana, consideramos que para superar estas condiciones de exclusión, desigualdad social, pobreza y marginalización en la que vive el pueblo afrochocoano se debe tener en cuenta los siguientes elementos:

1.    Visibilidad Estadística del pueblo afrochocoano y de las etnias indígenas,  con la cual se pueda dar razón del número real de habitantes y su situación tanto rural como urbana , por otro lado, puede dar los insumos suficientes para la construcción de políticas públicas incluyentes y efectivas que tengan en cuenta las particularidades de estas etnias.

2.    Se hace importante la participación de efectiva de los pueblos indígenas y afro en la formulación, diseño e implementación de  POLITICAS PUBLICAS en  favor del desarrollo alternativo y sostenible que se articule a la pervivencia de nuestra cultura.

3.    Siendo el DESPLAZAMIENTO FORZADO Y EL CONFINAMIENTO un fenómeno que ha afectado gravemente los Derechos Humanos y la calidad de vida del pueblo afrocolombiano demanda  medidas de atención diferenciada, acorde con las exigencias de la Corte Constitucional en sus autos respectivos.

4.    Para la verdadera consolidación de una democracia se abre la necesidad de PROMOCION DE LA IGUALDAD  Y LA NO DISCRIMINACION para que se pueda tener un acceso afectivo a los derechos.

5.    PROMOCION Y DEFENSA  DEL TERRITORIO, ya que este elemento es uno de los más problemáticos en donde se articulan el fenómeno del desplazamiento ocasionado para llevar a cabo megaproyectos, las masacres, las muertes por desatención en salud, los bajos índices de calidad de vida, altos índices de analfabetismo, altos índices de necesidades básicas insatisfechas    y los grandes intereses económicos sobre el territorio sin observar la consulta previa, llevando así a estas etnias a un exterminio físico y cultural;  En consonancia con las conclusiones del relator especial sobre la situación de los  Derechos Humanos y libertades fundamentales de los indígenas en su visita a Colombia en el año de 2004, crear una zona especial en la que comunidades indígenas y afrochocoanas puedan desarrollar sus planes alternativos de desarrollo sostenible, contando con recursos del Estado Colombiano y de la Cooperación Internacional, con la veeduría de los orgnanismos pertinentes de las Naciones unidas. Además se está aportando a la conservación del medio ambiente

6.    En virtud del exterminio físico y cultural a que están siendo sometidas las etnias en colombia y en particular en el Chocó, solicitar una intervención del relator especial sobre genocidio, en donde se haga un diagnóstico comparativo entre las cifras oficiales y las cifras de las organizaciones y comunidades y se tomen las medidas tendientes a evitar el drama que durante siglos han sufrido los moradores del chocó y del Pacífico colombiano.

7.    Recomendar al gobierno y al Estado Colombiano, la titulación colectiva del territorio de COCOMOPOCA, resolver a favor de las organizaciones de Curbaradó y Jiguamiandó las dificultades que sobre el territorio han tenido con palmicultores, saneamiento de resguardos en donde se haya demostrado que no hay dificultades con comunidades vecinas. Agradecemos la presencia de la experta independiente y sus buenos oficios para con estas nuestra solicitudes a favor de los pueblos afro e indígenas.

De usted,

Pbro. MANUEL NAPOLEÓN GARCÍA ANAYA

Vicario General