CHOCÓ: Del abandono al interés desaforado.En el contexto de la presentación del informe denominado "El Cultivo de la Palma Africana en el Chocó", resultado de la investigación realizada entre la organización Human Rights Everywhere y la Diócesis de Quibdó, se hace esta reflexión en retrospectiva sobre el impacto de los megaproyectos en la violación a los derechos Civiles en las comunidades de la región del atrato

1. Ubicación

El departamento de Chocó se ubica en la esquina noroccidental de Colombia, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico y marca la frontera con la república de Panamá. Tiene una extensión de 46.530 Km cuadrados y una población aproximada de 407.255 habitantes. Su clima es propio del bosque húmedo tropical, con precipitaciones lluviosas que pasa los 10.000 mm3.

Este departamento forma parte de la región del Pacífico, denominada igualmente Chocó Biogeográfico, al compartir las características bióticas de alta diversidad, encontrándose más de 400 especies vegetales por unidad de área. Contiene un potencial de recursos naturales muy considerable en el campo forestal, minero y genético.

Su población refleja igualmente la diversidad étnica, pues a su interior conviven los Pueblos Indígenas Embera, Katío, Tule, Chamí y Wounaan, que en su conjunto representan el 10 %, de igual manera comparten el territorio las comunidades Afrodescendientes quienes constituyen el 80% y la población Mestiza que integra el restante 10%.

La mirada hacia este departamento desde el inicio de la conquista europea en el siglo XVI ha sido la implantación de un modelo económico extractivista y de enclave, donde se llega como a una gran despensa natural, se instala una capacidad locativa para la explotación, se cumple el ciclo de saqueo y se abandona la región dejando sólo daños ambientales irreparables y una población sumida en la pobreza.

Frente a este modelo económico la institucionalidad política ha tenido un comportamiento de permisividad y de abandono secular, lo cual ha contribuido a configurar una situación de abandono total como lo registran las siguientes cifras:

· La calidad de vida de la población del departamento es de 27.9%, mientras que el promedio nacional es del 39%.

· El 82.8% de la población tiene las Necesidades Básicas Insatisfechas.

· El índice de extrema pobreza es cercano al 80%

· El analfabetismo supera 3 veces el promedio nacional

· Sólo existe un hospital de segundo nivel

· La mortalidad infantil sigue siendo la más alta del país

A este panorama se le suma que la propiedad territorial estuvo durante varios siglos sin definición legal a favor de sus moradores nativos, incluso se crearon normas que pusieron a toda la región del Pacífico como "Reserva Forestal" y declarada como terreno baldío, lo cual permitía que las modernas empresas de explotación de la madera y los minerales pudieran entrar a los territorios de ocupación ancestral sin ninguna restricción y control.

3. Organización y Defensa del Territorio

Esta situación llevó a que las comunidades locales (indígenas y afrodescendientes) iniciaran, con la cooperación de la Iglesia Católica, un proceso de concientización y organización desde hace algo más de 25 años, constituyendo espacios como la Organización Regional Embera Wounaan-OREWA, la Asociación Campesina Integral del Atrato-ACIA, la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato-OPOCA, así como muchas otras que han ido floreciendo posteriormente, con el objeto central de obtener el reconocimiento legal de su propiedad territorial, como medida de protección a las oleadas de extracción de sus recursos.

Hoy en día los indígenas poseen 115 títulos de Resguardos, y las comunidades Negras o Afrodescendientes con el desarrollo de la ley 70 de 1993 han avanzado en la consecución de varios títulos colectivos en las cuencas de los ríos Atrato, San Juan, Baudò y en el litoral pacífico. Sobre esta base territorial se ha ido consolidando una afirmación étnica que, se apresta a avanzar en la puesta en marcha de propuestas de mejoramiento de la calidad de vida de acuerdo a sus percepciones culturales, ya sea definidos como "Planes de Vida" para la población indígena o "Planes de Etnodesarrollo" para las comunidades afrodescendientes.

En este contexto de avance en el Control Territorial y Afirmación de Autonomía, estas poblaciones han debido afrontar una nueva forma de penetración del capital nacional e internacional en la región. Ya desde finales de los años 80, las comunidades con sus organizaciones comenzaron a advertir sobre el advenimiento de "megaproyectos de desarrollo" en sus territorios, tales como carreteras, puertos, hidroeléctricas, para conectar a Colombia con el Pacífico. Nosotros como Iglesia nos unimos a estas denuncias fundamentandas en pequeños estudios. No obstante, en aquel entonces sectores públicos y privados dijeron que era un "asunto de ficción, que no tenía asidero en la realidad".

Sin embargo, hacia 1992 comenzó una penetración del proyecto paramilitar, que explosionó en 1997, trayendo de la mano la otra penetración, la del "desarrollo", como lo dijera su máximo líder , Carlos Castaño Gil: "detrás de nuestros fusiles vienen los tractores".

Hoy, luego de 7 años de agudización del conflicto armado, donde la población civil ha sido la víctima, pues el irrespeto de los Derechos Humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por parte del Estado, los Paramilitares y las Guerrillas, ha ido en aumento, con picos tan altos como el crimen de guerra cometido el 2 de mayo en Bellavista-Bojayá, se puede constatar que la lógica de la guerra está articulada a la lógica de la expansión del capital.

Una de las agresiones visibles se encuentra en el desplazamiento forzado de miles de personas que han debido salir de sus lugares de vivienda original para defender la vida. Al principio pensábamos que era simplemente una disputa territorial entre grupos armados para controlar corredores para su logística de consecución de armamento y de alimentos, pero luego se fue evidenciando que los desplazamientos provocados por los paramilitares coincidían con los lugares de implantación de megaproyectos.

Entre los megaproyectos que ya están en ejecución está el monocultivo de la Palma Aceitera, que es uno de los productos que impulsan el gobierno saliente de Andrés Pastrana y el actual de Alvaro Uribe Vélez, como elemento promisorio en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Este proyecto se está instaurando en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el municipio de Carmen de Darién, al igual que se proyecta hacia el río Opogadó en el municipio de Bojaya, en todos estos ríos el acoso paramilitar ha obligado a continuas oleadas de desplazamientos hacia el exterior de la región y al interior de la selva. Dentro de los posibles usos de la Palma es la producción de biodiesel, para lo cual "se requiere aumentar de 100.000 a un millón el número de hectáreas de palma".

Así mismo se está promoviendo en la zona del Bajo Atrato el cultivo del Arracacho, producto que se utiliza en la industria del papel de alta calidad.

Actualmente los paramilitares están dirigiendo la explotación intensiva del recurso forestal mediante la entrega de centenares de motosierra a los campesinos que ellos mismos desplazaron, mediante el método del endeude y pago en especie en lugares de abastecimiento de comestibles y productos manufacturados de propiedad de los mismos paramilitares, como está en curso en Riosucio y Bojaya.

En este mismo orden de ideas se está presionando a la población a vincularse al monocultivo de la coca abriendo el espacio a la expropiación legal con el argumento estatal de no estar cumpliendo el territorio con la función social y ecológica que le fue enconmendada, de tal forma que se pueda consumar el despojo de propiedad ancestral.

Este marco de megaproyectos económicos se articulan a los acuerdos internacionales en el contexto de crear condiciones para el Área de Libre Comercio de las Américas-ALCA, tales como la extensión del Plan Puebla Panamá, lo cual se evidencia y consuma en la firma de acuerdos entre los gobiernos de Venezuela, Colombia y Panamá para completar la instalación de un gasoducto para exportar este producto a Japón, el montaje de una hidroeléctrica en el Darién colombiano y la culminación de la carretera Panamericana, con la creación de superpuertos en el litoral Pacífico y Atlántico. Todo esto en las áreas de mayor presión armada contra la población civil.

En este proceso hoy se puede evidenciar que la acción paramilitar ha tenido cuatro fases, las cuales son extensibles a toda la geografía nacional:

1) Terror

Con el terror se marca la entrada de los paramilitares a una región, lo cual se caracteriza por "por grandes masacres generadoras de desplazamientos masivos, la repitieron en El Aracatazo, La Chinita y Bajo del Oso, antes de entrar a Urabá en el 95; la llevaron a Mapiripán en el 97, donde además usaron por primera vez la motosierra, como símbolo de su llegada al Meta; en el 98, para arribar a Barrancabermeja (Santander) quemaron a 32 personas que departían en un bazar en el barrio María Eugenia." .

En el Chocó fue una práctica constante entre 1996 y 2001, como fuimos testigos los misioneros y misioneras de la Diócesis de Quibdo en los municipios de Carmen de Atrato, Quibdo, Medio Atrato, Bojaya, Vigía del Fuerte, Murindó y Carmen de Darién en el área que pertenecía antes al municipio de Riosucio en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó.

En estas dos cuencas de manera particular ha habido una continua presión paramilitar en abierta connivencia con la Brigada XVII, según lo testifican de forma reiterada las víctimas de sus agresiones. Esta etapa del terror se ha caracterizado por la quema de poblados, las masacres, las torturas, los descuartizamientos con motosierras.

Como reacción a esta terror muchas familias se desplazaron y un sector compuesto por unas 106 familias en su mayoría mujeres, niños y niñas, se declararon en resistencia civil y decidieron internarse en la montaña durante varios meses, denominándose en un principio "LOS SIN NOMBRE Y OLVIDADOS DE LA PATRIA", como lo pudimos constatar en noviembre de 1998, cuando la Diócesis de Quibdo hizo una verificación de estos hechos, en compañía de una delegación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la ONG Paz y Tercer Mundo, el 20 de noviembre de aquel año decíamos en el comunicado público lo siguiente:

" 25 Familias de Bartolo, dispersas por los montes aledaños al río Murindó sin ningún proyecto efectivo de reconstrucción de su Poblado arrasado por los paramilitares, en mayo de 1998, como se ha denunciado en otras ocasiones.

32 Familias en las veredas de El Pital y el Canal, en el municipio de Murindó

106 Familias pertenecientes a los poblados de Santafé de Churima, Remacho, Cuatro Tapas y Camelia, del río Jiguamiandó, en jurisdicción del municipio de Riosucio – Chocó, se encuentran dispersas por los montes, desde el pasado 17 de diciembre de 1997, fecha en la cual ocurrió el primer ataque paramilitar, dejando a su paso desaparecidos y asesinados, como se encuentra registrado en el informe de las denuncias recepcionadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 13 de noviembre del año en curso."

Al finalizar el año 1999 un grupo de familias de diversas comunidades de estas cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó decidieron empezar un proceso de retorno a estos lugares, y en el año 2000 se recuperaron parte de las parcelas, y reestablecimiento en algunos poblados, pero ya para aquel año se puso en evidencia el impulso del proyecto de la implantación de la Palma Aceitera o Africana en áreas pertenecientes a estas comunidades.

Este proceso de reestablecimiento, donde los "resistentes" salieron de lo profundo de la selva y parte de los desplazados iniciaron el proceso de retorno, sobrevino una nueva oleada de terror paramilitar procedente de Bajirá, pues despuntado el año 2001 comenzó una racha de 11 ataques de paramilitares contra estas comunidades, como se evidencia en la reseña anexa, presionando a la población para que se volviera a desplazar.

Antes de finalizar el año 2001, en la Acción urgente del 1 de octubre, expresábamos dos preocupaciones:

"1. Por diferentes medios y de muchas maneras la Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz, de la Diócesis de Quibdó, ha puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes los diferentes hechos de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que han venido ocurriendo en esa zona –Jiguamiandó y Curvaradó- desde el mes de enero de los corrientes, sin que hasta el momento se haya observado una acción contundente por parte del Estado o respuestas positivas a las exigencias que hacen las comunidades.

2. La Diócesis de Quibdó, junto con las ONGs que colaboran, han estado permanentemente acompañando a estas comunidades, tratando de atender las necesidades básicas de la población civil. El arrasamiento de pueblos y la destrucción de la ayuda humanitaria es un acto de barbarie que amenaza no sólo a las comunidades obligándolas a vivir en situación infrahumana, sino también atenta contra la intervención de la Iglesia y de la ayuda nacional e internacional."

Por su parte, las organizaciones sociales de la región denunciaban desde 1998, la existencia de la estrategia paramilitar en la imposición del terror para la implantación de proyectos económicos en los territorios de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes:

"En la región del Medio Atrato el control del orden público sigue en manos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU -, comandadas por el "Ovejo", bajo la mirada cómplice de los organismos del Estado tales como la Policía Nacional y las Administraciones Municipales encabezadas por sus respectivos alcaldes, cuya autoridad, en materia de control social, es suplantada por dichas ACCU.

Lo anterior hace que se imponga la impunidad total, pues los juzgados e inspecciones de policía son inoperantes en la aplicación de la justicia...

Por todos estos hechos seguimos reclamando del Estado colombiano y, de los grupos económicos que están comprometidos directamente en la financiación de los grupos paramilitares, que sean realmente transparentes y no sigan ocultando detrás de la impunidad y la permisividad los intereses contra el bienestar de los Pueblos Indígenas y Negros de esta región del Chocó y de Antioquia.

A nuestro juicio estos intereses son:

Ø La eliminación metódica y sistemática de los procesos organizativos de las comunidades indígenas y negras, quienes buscamos reivindicar nuestros derechos como pueblos en forma política y pacífica.

Ø El incumplimiento oportunista del Estado con la Ley 70, en lo relacionado a la titulación de los territorios de comunidades negras y a la participación y toma de decisiones en los planes que las afectan.

Ø La desaparición total de las etnias y culturas tradicionales del Pacífico y sus organizaciones, cuya existencia constituye un obstáculo para la puesta en marcha de los llamados "Planes de Desarrollo", que se han proyectado para la región sectores del capital nacional e internacional, en el marco de la apertura económica o globalización de la economía.

Ø Apoderarse de nuestros territorios, con toda la riqueza de los recursos naturales que aquí se encuentran, razón por la cual se promueve el desplazamiento forzoso de los campesinos y de los indígenas hacia los centros urbanos u otros lugares fuera de nuestro hábitat natural."

2) Consolidación Militar

En esta fase se pasa a los asesinatos selectivos, una suerte de masacre prolongada, como es el caso de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, San Juan y Baudò en el departamento de Chocó. En esta fase de control militar se "empiezan a penetrar las estructuras sociales, políticas y económicas. Es el tiempo en que se elimina a los opositores, en que se empiezan a imponer tributos a los comerciantes e industriales, y en que se presiona a alcaldes y líderes comunitarios para que entreguen recursos. Sin embargo, todavía no existe un control total sobre el sector público y el privado.

También, es la época de la compra de las tierras baratas que han dejado baldías los campesinos, luego del terror de las masacres.

El ejemplo perfecto de esta fase es el Meta. Allí hay evidencia de que Miguel Arroyave, comandante del 'Bloque Centauros', exigía el 5 por ciento de muchos contratos del departamento."

Para nuestro caso las acciones paramilitares desde 2002 se acompañaron de una abierta y directa presión a los habitantes de Jiguamiandó y Curvaradó para que vendieran sus tierras.

3) Trabajo Comunitario

Posterior al terror de la masacre y el desplazamiento, a la presión constante mediante los asesinatos selectivos para silenciar las voces de quienes denuncias todos estos atropellos, el proyecto paramilitar se lanza a la tarea de hacer "trabajo comunitario", pues consigue "permear definitivamente a la dirigencia regional, las extorsiones dejan de ser la metodología básica de relación con el sector económico y empiezan a montarse fundaciones y cooperativas para sacar adelante proyectos productivos y hacer gestión social compartida. También es clave conseguir el manejo de las universidades.

De Urabá, el propio Carlos Castaño llegó a reconocer que una empresa comunitaria ya está exportando banano a Canadá y Panamá.

"Lo sorprendente de estos modelos es su rapidez -dice un académico, especialista en el tema paramilitar-. En menos de cinco años consiguen poner en funcionamiento iniciativas de verdad. Eso seduce a mucha gente necesitada, y más cuando lo que ven del lado guerrillero es que los proyectos revolucionarios están pensados a 40 y 50 años"."

Esta es el caso actual en nuestro departamento de Chocó, y de manera particular en el río Atrato, donde los paramilitares, como ya se dijo, están entregando motosierras, impulsando la creación de grupos asociativos de aserradores, ofreciendo el pago de puestos de promotores de salud en las comunidades, brindando facilidad para organizar tiendas locales para hacer contrapeso a la red de tiendas comunitarias creada por las organizaciones sociales.

La incursión paramilitar en los ríos Opogadó y Napipí, en el municipio de Bojaya, que comenzó desde Septiembre de 2003 hasta el presente, se ha caracterizado por la presión hacia la población afrodescendiente e indígena para que "se vinculen a los proyectos económicos que van a venir"

4) Dominio real de un territorio

Esta fase se ha desarrollado cuando "Los índices de criminalidad bajan, la oposición prácticamente no existe y se consolida un proyecto político y social. Cesar, Magdalena y Córdoba son sus prototipos.

En el departamento de Chocó aún no se ha podido consolidar esta fase, pues todavía los procesos sociales están haciendo resistencia, a pesar de la avanzada que los paramilitares hacen al respecto.

La gran preocupación de la implantación y extensión de este proyecto militar y político es que se niega la diversidad, por lo tanto se erige como una nueva manera de etnocidio, como lo reseña el mismo articulista:

"El gran riesgo del proyecto paramilitar impuesto en muchas regiones -concluye el especialista- es que en el fondo constituye un esquema de sociedad fuertemente agraria, militarista, inclinada a la unanimidad, en oposición al país plural, moderno y participativo".

Ha sido tan evidente la implantación de este modelo, que ya las voces de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Chocó, y de quienes las acompañamos, han encontrado eco en los pocos espacios que permite la prensa, como lo reseñó la Revista Semana:

"...En el Chocó las comunidades negras que tenían títulos colectivos en Jiguamiandó y Curvaradó fueron desplazadas de sus propiedades por hombres del Bloque Élmer Cárdenas. Los que pudieron volver encontraron que en sus tierras se habían asentado empresas que estaban desarrollando megaproyectos agrícolas. Los antiguos dueños tuvieron que emplearse como jornaleros para poder quedarse en lo que es suyo. Hoy temen que los cultivadores les reclamen las mejoras que han hecho en las tierras y los obliguen a cederles sus títulos."

Frente a este panorama cobra cada vez más fuerza la continuidad del proceso de organización comunitaria, ejerciendo autonomía, pues ellas (las organizaciones sociales) se encuentran en la mira del paramilitarismo y de quienes impulsan los megaproyectos, pues no conviene tener de interlocutor a una sociedad civil consciente y movilizadora, sino individualidades presas de la dependencia económica.

Pero estas mismas organizaciones deben consolidarse también frente a la Guerrilla, pues cuando identifican que estos procesos no se pliegan a su proyecto político también las han considerado sus enemigas.

El trabajo de acompañamiento que hace la Diócesis de Quibdo a las comunidades Indígenas, Negras y Mestizas, seguirá su marcha, iluminada con la Palabra de Jesús de Nazareth que nos convoca a "ser prójimos" con las víctimas, a consolarlas, a formar comunidad y a ser testigos de la esperanza contra todo proyecto de muerte, basándonos en la verdad y la transparencia.

ANEXO

INFORME SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y EL D.I.H

EN LA CUENCA DEL RIO JIGUAMIANDO.